Reforma tributaria

Reforma tributaria, Proyecto de Ley de Inversión Social

El último proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno del presidente Iván Duque Márquez el pasado 20 de julio de 2021, denominado como el Proyecto de Ley de Inversión Social, es uno de los ocho proyectos de reforma de este tipo que han sido presentados durante su gobierno.
Si bien ninguno de los proyectos se ha presentado propiamente bajo la denominación de una reforma tributaria, en su trasfondo contienen modificaciones al sistema fiscal colombiano. Primero tuvimos la Ley de Financiamiento 1943 de 2018, seguido del Plan Nacional de Desarrollo, luego la Ley de Crecimiento Económico de 2019, que fue seguido por el Decreto Anti-trámites de 2019 y posteriormente, por la Ley de Emprendimiento de 2020, por mencionar algunos de los proyectos.

Sin embargo ¿Qué pasó con el proyecto de reforma tributaria anterior? Básicamente, el 15 de abril de 2021 el gobierno presentó el denominado Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, cuyo contenido creó un estado de inconformidad generalizado en el país al punto de detonar un paro nacional que provocó efectos que vivimos hasta el día de hoy.

La situación social llegó a tal nivel, que el gobierno nacional se vio obligado a retirar el proyecto presentado en menos de un mes de su radicación ante el órgano legislativo. Como resultado de esto, el Ministerio de Hacienda invitó a la ciudadanía a participar en la construcción de un proyecto de reforma que tomara en cuenta todos los puntos de vista y beneficiara a la mayor parte posible de la población.

De acuerdo a esto, el Proyecto de Ley de Inversión Social pretende generar ingresos con los que se busca cumplir los siguientes propósitos:
– Dar continuidad y fortalecer el gasto social.
– Contribuir a la reactivación económica y a la generación de empleo, así como a la estabilidad fiscal del país.
– Proteger a la población más vulnerable contra el aumento de la pobreza.
– Brindar ayudas sociales a los hogares más vulnerables en aras de hacer frente a la pandemia.
– Propender por la sostenibilidad fiscal del país.
– Preservar el tejido empresarial.
– Afianzar la credibilidad de las finanzas públicas.

Y si bien el Proyecto de Ley presentado no ha sido aprobado, en caso de que se apruebe tal como se presentó, se introducirían varios cambios, que buscan no solo apelar a la solidaridad de los empresarios colombianos, sino también implementar medidas que no impacten a la clase media y generen recursos que permitan la continuidad de auxilios para los más afectados por la pandemia y que fueron implementados en el 2020.
En ese orden, los principales cambios que propone el Proyecto de Ley de Inversión Social son:
En primer lugar, se encuentran las medidas en materia de ingresos, dentro de las cuales se encuentran:

a. Un impuesto de normalización tributaria:

Con esta medida se busca implementar un impuesto transitorio que posibilite la normalización tributaria de los contribuyentes por la posesión de activos no declarados y/o de pasivos inexistentes. Este impuesto se causará a partir del 1 de enero del 2022 y su tarifa será del 17%.

Además, se declarará, liquidará y pagará en una declaración independiente que deberá ser presentada hasta el 28 de febrero de 2022. Para este impuesto no se permitirá la corrección o la presentación extemporánea por parte de los contribuyentes.

Asimismo, el Proyecto obliga al contribuyente a pagar un anticipo del 50% del impuesto en el año 2021, que se calculará a partir de la base gravable estimada de activos no declarados y/o de pasivos inexistentes en el momento de entrada en vigencia de la ley. En este sentido, se estipula que el no pago del anticipo en la oportunidad correspondiente y de forma íntegra generará la imposición de sanciones consagradas en el Estatuto Tributario.

b. El aumento de la tarifa del impuesto sobre la renta:

– Impuestos sobre la renta para personas jurídicas: El Proyecto de Ley se propone la implementación de una tarifa permanednte del impuesto sobre la renta para personas jurídicas del 35% a partir del año 2022, modificando así la tarifa del 30% que se tenía contemplada a partir de dicho año.

– Sobretasa transitoria para las instituciones financieras: Con esto, se pretende incrementar la tarifa del impuesto sobre la renta de las entidades financieras cuya renta gravable sea igual o superior a 120.000 UVT, pasando a ser del 38% para los años 2022, 2023, 2024 y 2025. Esta sobretasa se debe pagar por medio de un anticipo del 100%, calculado sobre la base gravable del impuesto sobre la renta que liquide el contribuyente para el año gravable anterior. Y adicionalmente, se pagará en dos cuotas iguales, según los plazos que fije el calendario tributario.

c. Una reducción de la tarifa de retención en la fuente para valores de renta fija:

Se propone una reducción de la tarifa de retención en la fuente del 5% al 0% para los valores de renta fija, bien sea pública o privada, o de derivados financieros con subyacente en los valores de renta fija.

d. La derogatoria de descuento de ICA en renta:

Este Proyecto de Ley plantea la posibilidad de derogar el parágrafo 1 del artículo 155 del Estatuto Tributario, y con ello, desmontar la ampliación del descuento tributario del ICA del 50% al 100% en el impuesto sobre la renta, el cual se preveía a partir del año 2022. Es decir, que con esta medida solo se podrá llevar como descuento el 50% de dicho impuesto. Esta medida quiere generar un equilibrio entre impuestos territoriales e impuestos nacionales.

Por otra parte, tenemos las medidas de lucha contra la evasión, las cuales serían:

a. La determinación del valor comercial de bienes inmuebles:

Este punto tiene como objetivo incorporar un parágrafo al artículo 90 del Estatuto Tributario, en el que se busca obligar a los notarios a informar a la DIAN y a las partes intervinientes en el proceso de escrituración, cuando el valor comercial de un bien inmueble sea diferente notoriamente al del sistema de georreferenciación de la DIAN, que tiene como finalidad determinar el valor comercial de los inmuebles. De esta forma, si el notario no cumple con este deber, si lo hace de manera equivocada o por fuera del tiempo establecido para hacerlo, se le impondrá una sanción de acuerdo con lo establecido en el artículo 651 del Estatuto Tributario.

b. Un registro de oficio en el RUT:

Esta medida le otorga a la DIAN la posibilidad de inscribir oficiosamente en el RUT a cualquier persona natural que se pueda determinar que sea sujeto de obligaciones tributarias. Con miras a lograr este objetivo, la DIAN podrá utilizar la información suministrada por el DNP, la Registraduría Nacional y Migración Colombia.

c. Un sistema de facturación electrónica:

Se indica que el sistema de facturación comprende la factura de venta, los documentos equivalentes, y demás documentos electrónicos que la DIAN determine. Asimismo, se señalan como sanciones por no transmitir en debida forma los documentos del sistema, por la expedición de estos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos, o por no expedirlos, las establecidas en los artículos 651 y siguientes del Estatuto Tributario. Adicionalmente, se indica que en los casos en los que se otorguen plazos para el pago de las facturas, el adquirente del bien o servicio debe confirmar el recibo de la factura y de los bienes o servicios adquiridos.

d. La determinación oficial del impuesto sobre la renta y complementarios mediante facturación:

En virtud de esta medida, la DIAN podrá establecer la determinación oficial del impuesto sobre la renta y complementarios conforme a la información obtenida del sistema de facturación electrónica y de la información obtenida de terceros. Esta declaración prestará mérito ejecutivo, y si el contribuyente no presenta su declaración mediante el sistema general, la misma quedará en firme.

e. La definición de beneficiario final:

Mediante el Proyecto de Ley se busca unificar la definición de beneficiario final.

 

En tercera instancia, se ubican las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto, donde ubicamos la supresión, modificación y reestructuración de entidades. Es decir, con el presente Proyecto de Ley, se le otorgan al presidente de la república las facultades extraordinarias por 6 meses para que suprima, fusione y en general modifique las entidades y organismos de la rama ejecutiva del orden nacional, o de entidades y/o sociedades en las que exista participación de una entidad pública del orden nacional.

Además, se definen las medidas para el fortalecimiento del gasto social y la reactivación económica, cuyos puntos se desglosan en:

a. Un programa de ingreso solidario:

El cual contempla continuar con el programa de ingreso solidario implementado en el 2020, que busca la reducción de la pobreza. Por lo tanto, se propone extender el esquema del programa actual hasta diciembre del año 2022.

Esta extensión se llevará a cabo en dos momentos. De septiembre de 2021 a marzo de 2022, se harán transferencias de $160.000 pesos a los hogares que en este momento son beneficiarios actuales del programa. La segunda etapa será de abril a junio de 2022, momento en el cual se ampliará la cobertura a más o menos un millón de hogares nuevos que estén en condición de pobreza extrema.

Del mismo modo, se propone rediseñar el esquema de este programa para los meses de julio a diciembre de 2022, con el fin de que el monto de la transferencia que se le hace a los hogares en condición de pobreza extrema, sea mayor que el de aquellos que se encuentran en situación de pobreza moderada. Los montos variarían de acuerdo con la situación socioeconómica de los hogares y de la cantidad de personas que lo conforman.

b. La ampliación del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF):

El Proyecto de Ley quiere ampliar su vigencia entre julio y diciembre de 2021, manteniendo el beneficio diferencial por género y focalizándolo en las micro y pequeñas empresas. Por otro lado, se permitirá el acceso a las personas naturales que sean empleadores, siempre que tengan dos o más trabajadores. Así, para acceder a este último beneficio, el empleador debe acreditar un máximo de 50 empleados en marzo de 2021; si tienen menos de 50 empleados al momento de la verificación y expanden su nómina más allá de los 50 empleados, recibirán el beneficio hasta los 50 trabajadores.

c. Un incentivo para la creación de nuevos empleos:

En primer lugar, la ley contempla, incentivos para la contratación formal de jóvenes entre los 18 y 28 años, dichas contrataciones se deben reflejar en la nómina de marzo de 2021 y estos deberán devengar por lo menos un salario mínimo mensual legal vigente. El incentivo será del 25% de un salario mínimo mensual legal vigente y será recibido directamente por los empleadores.

Cuando se contraten personas por fuera de este rango y que sean trabajadores adicionales en la nómina de marzo de 2021 y devenguen entre 1 y 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se propone que el Estado aporte el 10% de un salario mínimo mensual legal vigente.

d. La matrícula cero y acceso a la educación superior:

Con este punto, el Proyecto pretende destinar anualmente recursos para el pago del valor de la matrícula de los estudiantes de pregrado de las instituciones de educación superior públicas. Estos recursos se aportarán a través de programas como Generación E.

e. El apoyo a los sistemas de transporte masivo:

Con eso se planea establecer esquemas de cofinanciación para los sistemas integrados de transporte masivo que se han visto afectados por la reducción de la ocupación a causa de la pandemia. En este sentido, el Proyecto de Ley determina que el monto máximo a cofinanciar por parte del Gobierno será del 50% del déficit operacional certificado por los gestores del sistema y verificado por el Ministerio de Transporte.

f. El Día sin IVA:

Se continuará implementando el día sin IVA, tres veces al año para bienes determinados, con la finalidad de estimular la actividad comercial y reactivar la economía. El beneficio será aplicable para las compras hechas de forma virtual o presencial, siempre y cuando se realice el pago por medios electrónicos. Igualmente, las compras que se realicen no estarán sujetas a devolución o compensación.

g. Turismo:

Por último, el proyecto propone la extensión de la vigencia de la Ley General de Turismo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022. La propuesta contempla la extensión de dos beneficios específicos, como lo son la extensión del IVA a prestadores de servicios de hotelería y turismo que sean residentes nacionales y, por otro lado, se busca ampliar la extensión otorgada en el sector eléctrico a aquellas personas que prestan servicios turísticos.